Este miércoles, en diálogo con Ever Arnoldo en Realidad Aumentada, el periodista Pablo Dobal analizó el proyecto que impulsa el gobierno de Santa Fe para financiar obras viales mediante un aporte de las empresas agroexportadoras.
La iniciativa, promovida por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, busca crear un sistema de cobro a las terminales portuarias con el objetivo de reunir fondos destinados a mejorar la infraestructura de rutas, especialmente en el cordón industrial, una zona crítica durante las épocas de cosecha.
Reunión clave y principio de acuerdo
Antes del feriado del 1° de mayo, se realizó un encuentro entre jefes comunales de localidades como Timbúes y el intendente de Puerto General San Martín, junto a funcionarios provinciales como el ministro de Economía Pablo Olivares, el titular de Obras Públicas Lisandro Enrico y el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.
Según se planteó en esa reunión, habría consenso inicial para avanzar en un esquema que permita cobrar directamente a las terminales portuarias.
Cómo funcionaría el sistema
El proyecto contempla que cada camión que ingrese a los puertos abone aproximadamente 1,50 dólares por tonelada transportada. De ese monto:
- 0,40 dólares irían a comunas y municipios
- El resto se destinaría a un fideicomiso para financiar obras viales
Este fondo permitiría ejecutar mejoras en rutas clave y aliviar el deterioro generado por el intenso tránsito de camiones, que cada año se incrementa durante la campaña agrícola.
Rechazo del sector privado
Sin embargo, la propuesta ya genera resistencia. Entidades como la Cámara de Puertos Privados, y la CIARA, manifestaron su rechazo al esquema.
El principal argumento es que el nuevo tributo incrementaría los costos logísticos del sector y afectaría la competitividad.
Un debate abierto
El gobierno provincial prevé enviar un proyecto de ley para formalizar este mecanismo, en un contexto donde la falta de inversión nacional en rutas obliga a buscar alternativas de financiamiento.
Mientras tanto, el tema ya se instaló en la agenda pública y promete abrir una fuerte discusión entre el Estado, los municipios y el sector privado sobre quién debe hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura clave para la producción.
