Tras tres días de paro, el Gobierno nacional suspendió la entrada en vigencia del decreto que establecía cambios en la regulación del practicaje y acordó abrir una nueva mesa de diálogo con los prácticos. La medida de fuerza provocó importantes demoras en la actividad portuaria y dejó alrededor de 180 buques a la espera de autorización para operar.
Como parte del acuerdo que permitió levantar el paro, se mantendrá en manos de la Armada Argentina la formación y capacitación de los prácticos, uno de los principales puntos reclamados por el sector. El resto de las modificaciones previstas en el decreto quedará sujeto a una nueva instancia de negociación entre las partes.
El conflicto generó un fuerte impacto económico y logístico. Según las estimaciones difundidas durante la medida de fuerza, las pérdidas ocasionadas por las demoras, sobreestadías, incumplimientos contractuales y retrasos en las operaciones rondaron los 300 millones de dólares. Además, pese al levantamiento del paro, la normalización de la actividad portuaria demandará varios días debido a la cantidad de embarcaciones demoradas.
El acuerdo también contempla la formalización de un descuento del 20% sobre las tarifas de practicaje, que hasta ahora se aplicaba como bonificación a determinados clientes. La nueva instancia de diálogo buscará definir el futuro de las modificaciones regulatorias y garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.
