La Fiscalía de San Lorenzo pidió el cese del estado antijurídico ante el riesgo de colapso de la barranca y contaminación del río. El predio de Fray Luis Beltrán acumula un pasivo ambiental de aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos, según lo expuesto en la audiencia. La Justicia ordenó medidas urgentes de estabilización, contención y remediación.
La situación ambiental de la ex planta AR ZINC, en Fray Luis Beltrán, volvió a quedar en el centro de la escena regional luego de la audiencia realizada este jueves 25 de septiembre en los Tribunales de San Lorenzo. Allí, el fiscal del distrito judicial San Lorenzo de la Fiscalía Regional 2, Maximiliano Nicosia, solicitó el cese del estado antijurídico que atribuye a la situación existente en el predio de la empresa, ante el riesgo de un eventual colapso de la barranca y la posibilidad de que residuos contaminantes terminen alcanzando las aguas del río Paraná.
El planteo fiscal pone el foco en una cuestión que trasciende el terreno de la empresa: qué puede ocurrir con el ambiente y con el río si la barranca pierde estabilidad y parte del material acumulado en el predio se desprende.
Según fue expuesto durante la audiencia, existe un pasivo ambiental estimado en aproximadamente 800.000 toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados, entre ellos jarosita. La Fiscalía planteó que el escenario requiere medidas concretas y urgentes: estabilizar y apuntalar la barranca, resguardar el predio, impedir el ingreso de personas y avanzar con la remediación del suelo contaminado.
En ese marco, se solicitó que AR ZINC inicie las obras de consolidación y resguardo de la barranca dentro de los próximos 15 días y que los trabajos puedan finalizar en un plazo de seis meses.
Qué significa el “cese del estado antijurídico”
La expresión utilizada en la presentación judicial tiene una importancia particular. No significa el cierre de una empresa ni una condena penal por sí misma. En términos prácticos, apunta a que debe cesar una situación que continúa generando un riesgo o afectación contraria al ordenamiento jurídico.
En este caso, el objetivo señalado por la Fiscalía es que deje de existir la situación ambiental considerada riesgosa: que la barranca sea estabilizada, que los residuos peligrosos sean contenidos y que se adopten medidas para impedir que el pasivo ambiental continúe afectando el suelo, las aguas o a las personas.
Es decir, la discusión judicial ya no se limita a determinar qué ocurrió durante los años de funcionamiento de la planta. El eje está puesto también en qué debe hacerse ahora para evitar que un daño ambiental potencial se transforme en un daño concreto.
La problemática tiene antecedentes judiciales y administrativos que se remontan varios años. La planta funcionó durante décadas bajo el nombre de Sulfacid y posteriormente como AR ZINC. La actividad cesó en 2016, pero el cierre no significó la desaparición del problema ambiental. Distintos informes y presentaciones públicas posteriores señalaron la permanencia de residuos y la necesidad de ejecutar tareas de saneamiento. (La Capital)
El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario había advertido específicamente sobre la presencia de jarosita y otros metales pesados y reclamado información oficial sobre el plan de cierre y remediación, el monitoreo de suelos y aguas subterráneas y el destino de los residuos peligrosos. (Observatorio Ambiental)
Además, antecedentes periodísticos y legislativos señalaron que parte de los depósitos de jarosita se encuentran próximos a la barranca del Paraná. En 2022 ya se habían planteado judicialmente obras para estabilizar ese sector ante el riesgo de que un desmoronamiento pudiera llevar residuos hacia el río. (Politica Plus)
El problema también fue incorporado a documentos de planificación territorial. El Plan Urbano Local de Fray Luis Beltrán identifica los terrenos costeros vinculados a AR ZINC como sectores que requieren saneamiento y restauración ambiental antes de su reutilización, y menciona la existencia de piletas de volcado y cavas con altos niveles de contaminación. (ECOM Rosario)
Un pasivo ambiental que sigue presente
La jarosita es uno de los principales elementos que aparecen en los antecedentes sobre el predio. Se trata de un residuo generado durante el proceso de producción de zinc y que, según documentación y denuncias ambientales previas, puede contener metales pesados como plomo, cadmio y mercurio. El Observatorio Ambiental UNR había señalado que durante décadas este residuo fue almacenado en distintos sectores del predio, incluidos depósitos ubicados junto al Paraná. (Observatorio Ambiental)
El riesgo no se limita al eventual contacto directo con el material. Uno de los problemas señalados en los antecedentes es el ingreso de agua de lluvia sobre los residuos y la posibilidad de que sustancias contaminantes migren hacia el suelo y las napas. En 2024, por ejemplo, continuaban los pedidos de informes en la Legislatura santafesina para determinar el estado del pasivo ambiental y las medidas de remediación implementadas. (11 Noticias)
A esto se suma ahora el problema de la estabilidad de la barranca. Un desmoronamiento que afectara los sectores donde permanecen los residuos podría generar un escenario de contaminación directa del Paraná. El peligro había sido advertido en antecedentes judiciales y ambientales anteriores y vuelve a aparecer como uno de los argumentos centrales de la Fiscalía en la audiencia de septiembre de 2026. (Politica Plus)
La preocupación adquiere una dimensión adicional por las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó en septiembre de 2026 una fase de El Niño, con una probabilidad del 100% de continuidad durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre y una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte. (SMN)
Esto no significa que un derrumbe vaya necesariamente a producirse, pero sí incorpora un factor climático que la propia Fiscalía considera relevante al evaluar la urgencia de las obras. En un terreno donde existe una barranca inestable y un importante volumen de residuos peligrosos, mayores precipitaciones y procesos de erosión pueden convertirse en factores de presión adicionales sobre el sistema.
El riesgo para el Paraná y toda la región
La ubicación del predio convierte el problema en una cuestión que excede los límites de Fray Luis Beltrán. El terreno se encuentra sobre el frente costero del Paraná, dentro de un corredor industrial donde el río tiene además un papel central para distintas actividades productivas y para el abastecimiento de agua de localidades de la región.
Por eso, un eventual ingreso de residuos contaminantes al curso de agua tendría consecuencias que deberían evaluarse más allá del punto donde se produzca el derrumbe. Los antecedentes sobre AR ZINC ya habían planteado la posibilidad de afectación de las aguas superficiales y subterráneas, además de la necesidad de conocer mediante monitoreos el estado del suelo y las napas. (Observatorio Ambiental)
La causa también registra un antecedente relevante: según lo expuesto en la audiencia del 25 de septiembre, existía una orden judicial dictada en 2022 para realizar obras de apuntalamiento de la barranca que, de acuerdo con la Fiscalía, no habría sido cumplida por la empresa.
Ahora el juez Eugenio Romanini dispuso medidas urgentes dirigidas a AR ZINC. La firma deberá informar en diez días cuál será la alternativa técnica elegida para abordar los residuos —remoción o tratamiento y contención— y posteriormente presentar la documentación técnica, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá presentar informes quincenales de avance.
El control de esas medidas estará a cargo de organismos estatales que participaron de la audiencia, entre ellos la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
