Por Luisina Flores Piazza, abogada
Primero fue en Capital, después en Córdoba, Chaco y ahora en Lomas de Zamora. Cada vez es más frecuente escuchar noticias de diversas escuelas donde circulan imágenes de alumnas desnudadas con inteligencia artificial, que son creadas y vendidas por sus propios compañeros. No es un episodio aislado: es un problema de la época.
Este problema tiene un nombre: deepfakes. Se trata de imágenes, audios o videos generados con inteligencia artificial que recrean secuencias falsas con un nivel de detalle tan verosímil que resulta prácticamente imposible distinguir si es auténtico o no. En estos casos, se toman fotos del rostro de mujeres – incluso una imagen de perfil en redes sociales o WhatsApp – para montarlas sobre el cuerpo desnudo de otra persona en escenas sexualmente explícitas que jamás existieron. Hasta hace poco, una edición de este tipo exigía conocimientos técnicos avanzados; hoy lo puede hacer cualquier persona con una aplicación en el celular. Ese material luego se difunde, se comercializa en grupos cerrados, principalmente de Telegram o se utiliza como herramienta de extorsión contra las propias víctimas.
Esto no es una travesura, no es una abstracción de las redes ni mucho menos un chiste. Es violencia sexual. Necesitamos dejar de dividir la vida en compartimentos estancos: no hay un mundo analógico por un lado y uno digital por el otro; hay una sola realidad con espacios que dialogan continuamente. La angustia de quien descubre su rostro montado sobre un cuerpo ajeno en grupos de comercialización de pornografía es real. El dolor, la humillación y el daño en la dignidad lo sufren personas de carne y hueso que, además, son usuarias de internet.
El problema no es la tecnología en sí misma, ni la IA. El problema son las prácticas sociales que reproducen distintos tipos de violencias. La tecnología está siendo usada como un medio para reproducir relaciones asimétricas de poder protegidas, y potenciadas, por el anonimato. En este marco, la inacción del Estado no es inocua. El “dejar hacer” y no tomar cartas en el asunto convalida la postura del agresor mientras miles de víctimas quedan desamparadas.
Actualmente este tipo de conductas no constituyen un delito en el Código Penal Argentino ni tampoco hay políticas serias de prevención y concientización, ni mucho menos se está considerando seriamente en Argentina regular el funcionamiento de las empresas de IA. El abordaje debe ser integral. Sería estéril reducir este debate a una cuestión meramente punitiva como también lo sería “prohibir las redes”. Esto podría empujar a los adolescentes a utilizar mecanismos más oscuros y dañinos para acceder a ellas. Quizás no tengamos que pensar nuevas herramientas, sino adaptar las que ya tenemos, y en ese sentido la Educación Sexual Integral es una herramienta contra la deshumanización y en favor de la empatía. La premisa es clara: no podemos hacer lo que queremos con el cuerpo del otro, y tampoco con su imagen.
En los casos que tomaron relevancia mediática, las escuelas fueron la primera cara visible del Estado y deberían poder intervenir y dar respuestas, pero la realidad es que se le exige a la escuela respuestas que aún no existen porque corresponden a marcos regulatorios que el Estado aún no construyó. Ninguna institución aislada puede resolver un conflicto que exige a la justicia, a la comunidad educativa y a los dispositivos de salud mental actuando coordinadamente. Cualquier respuesta individual a una problemática tan compleja va a ser insuficiente. ¿Qué pasa con esas adolescentes que tienen que ir a clases con los compañeros que las “desnudaron” virtualmente y vendieron sus imágenes? ¿Qué respuestas damos como adultos cuando el agresor tiene apenas catorce años? ¿Cómo protegemos a las infancias cuando sus imágenes quedan para siempre en internet? La inmediatez y el anonimato dificultan dimensionar la gravedad del daño, pero el diagnóstico es urgente.
Hoy las escuelas son apenas la caja de resonancia de un problema mucho más profundo. Las deepfakes son un mecanismo de disciplinamiento y cosificación que no distingue edades. Frente a nuevas tecnologías que perfeccionan viejas violencias, la salida no puede ser la resignación. Exige leyes a la altura de la época y una premisa innegociable: el consentimiento rige con la misma fuerza dentro y fuera de las pantallas.
