La liberación de Esteban Delgado, imputado en la causa por abuso sexual que se desprende del crimen de Sofía Delgado, volvió a generar preocupación entre las víctimas y reavivó cuestionamientos hacia el accionar del Ministerio Público de la Acusación. El abogado querellante Gabriel Filippini calificó la situación como «inaceptable» y sostuvo que la decisión provocó un fuerte retroceso en el proceso de contención de una de las denunciantes.
Según explicó el letrado, Delgado recuperó la libertad el pasado 2 de julio debido al vencimiento del plazo de la prisión preventiva, ya que la Fiscalía no solicitó su prórroga antes de la fecha límite. «Si no se pide la extensión de la prisión preventiva antes de su vencimiento, la libertad es automática porque se trata de un derecho del imputado», señaló.
Filippini recordó que la investigación por abuso sexual comenzó a partir de una denuncia presentada por Sofía Delgado en 2022. La causa fue impulsada inicialmente por el fiscal Nicosia Herrero, quien reunió las primeras pruebas y solicitó la detención del acusado por presuntos abusos contra Sofía y otra menor, L.
Durante la investigación se realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas la Cámara Gesell de L. y la toma de testimonios, mientras que el juez Marcelo Escola dispuso medidas de protección para las víctimas, como prohibiciones de acercamiento. Posteriormente, la prisión preventiva fue ordenada por el juez Ariel Catáneo.
Sin embargo, el abogado relató que la familia tomó conocimiento de la liberación de Delgado a través de vecinos que aseguraban haberlo visto en las inmediaciones del domicilio. Días después, indicó, el nuevo fiscal de la causa confirmó oficialmente que el imputado había recuperado la libertad.
«Volvimos a cero»
El representante de la familia sostuvo que la decisión tuvo un fuerte impacto sobre L, quien, según explicó, había logrado retomar parte de su vida cotidiana gracias al acompañamiento judicial y psicológico.
«Había vuelto a la escuela, había retomado sus actividades y hoy retrocedimos a cero», afirmó Filippini, quien recordó que incluso fue necesaria una orden judicial para garantizar la escolarización de la menor, luego de que una institución educativa se negara a recibirla.
Además de la suspensión del régimen parental, la querella solicitó nuevas medidas de protección para resguardar a las víctimas tras la excarcelación del imputado.
La causa por abuso sexual continúa su trámite judicial, mientras la querella cuestiona la actuación de la Fiscalía por no haber requerido a tiempo la prórroga de la prisión preventiva, una omisión que derivó en la liberación del acusado.
