Los trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional elaboraron un informe que advierte sobre la riesgosa actualidad de las rutas argentinas. En una región clave para la producción y la logística del país, el abandono del mantenimiento vial incrementa los siniestros, encarece los costos y pone en riesgo vidas.
Mientras se multiplican los reclamos por el estado de las rutas, la inversión nacional en infraestructura vial muestra niveles mínimos de ejecución. En San Lorenzo, donde confluyen rutas estratégicas y tránsito pesado constante, el deterioro se traduce en inseguridad, demoras y un fuerte impacto económico.
El estado de la Red Vial Nacional atraviesa una crisis profunda que ya no puede leerse solo en estadísticas. En el cordón industrial del Gran Rosario —y particularmente en San Lorenzo— el deterioro de las rutas nacionales se manifiesta a diario en accidentes, congestionamientos crónicos y un aumento sostenido de los costos logísticos.
Datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad indican que al menos el 60% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, aunque proyecciones técnicas advierten que el deterioro real podría alcanzar entre el 65% y el 70%. Este escenario afecta de manera directa a corredores estratégicos que atraviesan Santa Fe, utilizados intensivamente por transporte de cargas, especialmente camiones vinculados al complejo agroexportador.
La falta de mantenimiento preventivo aceleró el desgaste de las calzadas, reduciendo la velocidad media de circulación a cerca de 60 km/h y generando tramos con baja calidad de servicio, señala el informe. En zonas urbanas como San Lorenzo, donde el tránsito pesado comparte espacio con la circulación local, el deterioro se vuelve aún más visible: banquinas dañadas, accesos sin control, señalización deficiente y calzadas deformadas aumentan de manera significativa el riesgo de siniestros.
Las consecuencias ya se reflejan en las cifras de seguridad vial. Entre 2022 y 2023, las muertes por siniestros viales en el país crecieron un 14%, con más de 4.300 víctimas fatales anuales según registros oficiales apuntados por los trabajadores. Organizaciones civiles advierten que el número real podría ser considerablemente mayor. En este contexto, especialistas coinciden en que el mal estado de las rutas es un factor determinante, especialmente en corredores de alto tránsito como los que atraviesan el sur santafesino.
A pesar de este panorama, la inversión nacional en infraestructura vial muestra una fuerte subejecución. Durante 2024 y 2025, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó menos de la mitad del presupuesto destinado a obras, con programas clave —repavimentación, seguridad vial y mantenimiento estructural— prácticamente paralizados. Esto ocurre incluso cuando la recaudación del Impuesto a los Combustibles se mantiene y existen créditos internacionales vigentes para obras viales.
La brecha entre lo que se recauda y lo que efectivamente se invierte en rutas profundiza el deterioro y rompe el pacto fiscal vial: los usuarios pagan por caminos que no se mantienen ni se rehabilitan. En una región productiva como San Lorenzo, esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de quienes transitan a diario, sino que también afecta la competitividad y el desarrollo económico.
Frente a este escenario, los pedidos para declarar la emergencia vial en distintos tramos de la red nacional se multiplican en todo el país. En Santa Fe, donde las rutas son una pieza clave del entramado productivo, el debate ya no pasa por diagnósticos técnicos sino por decisiones políticas urgentes que permitan frenar un deterioro que hoy se cobra tiempo, dinero y vidas.
