Durante la movilización del sector de la discapacidad en la ciudad, dos madres compartieron su preocupación por el impacto de los recortes y las dificultades para garantizar tratamientos, medicamentos y espacios de atención. “Que esté escrito en un papel no sirve, acá tiene que haber acción”, expresó una de ellas.
La preocupación por el futuro de sus hijos y el temor a perder derechos conquistados marcaron el testimonio de las madres que participaron de la movilización del sector de la discapacidad en San Lorenzo. En medio de los reclamos por respuestas y el cumplimiento de las prestaciones, las familias advirtieron sobre las consecuencias que cualquier retroceso puede tener en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Una de las mujeres que se sumó a la manifestación, aunque no se presentó como parte de una organización, explicó que decidió acompañar el reclamo porque considera que la unidad de las familias es fundamental para defender los derechos adquiridos. “Es una quita de derechos demencial, con una insensibilidad enorme”, sostuvo, al tiempo que llamó a unir fuerzas para evitar que los avances conseguidos durante años queden en riesgo.
La madre puso el foco en las consecuencias concretas que podría tener el debilitamiento de las políticas de discapacidad, especialmente en la cobertura de las obras sociales. Advirtió que, sin garantías suficientes, las familias podrían encontrarse con límites para acceder a pañales, medicamentos y terapias.
Como ejemplo, planteó el escenario de una institución que solo tenga cupo para atender a tres personas: “¿Y los demás qué hacen? ¿A dónde van?”. Para ella, no se trata de una discusión administrativa, sino de una problemática que afecta directamente el acceso a la atención y la calidad de vida de quienes necesitan acompañamiento permanente.
La mujer también recordó las dificultades que atravesó durante los primeros años de vida de su hija, Camila, cuando debía afrontar gastos que la obra social no cubría. Según relató, con la implementación de la ley de discapacidad logró recuperar prestaciones que antes resultaba difícil garantizar.
Hoy, después de tres décadas de lucha junto a su hija, siente que existe el riesgo de volver a atravesar aquella situación. Su preocupación está puesta también en el futuro: Camila necesita un centro de día y podría requerir un hogar en los próximos años. “Es re doloroso. Sentís impotencia, sentís bronca”, expresó.
En ese sentido, cuestionó que, pese a las decisiones legislativas favorables al sector, las familias continúen reclamando que se respeten los derechos reconocidos. “Si me están quitando los derechos de mi hija, ¿dónde están sus derechos? ¿Quién los respeta?”, planteó.
Y dejó una definición que sintetiza el reclamo de las familias: “Vos tenés a nivel nacional, a nivel internacional los derechos. Que esté escrito en un papel no sirve, acá tiene que haber acción. Acá tienen que cumplirse los tratamientos”.
