Opinión, por Guillermo Gonzáles, abogado.
1- Consideraciones de hecho, sociales y políticas
Con sorpresa, recibimos la noticia de que Pampa Energía cierra la unidad de producción en Petroquímica dedicada a la fabricación de caucho sintético. En el mismo momento, la empresa anunciaba una inversión millonaria en la construcción de una planta industrial en Bahía Blanca para la producción de urea para Vaca Muerta. Hay doscientos trabajadores que perderían su trabajo y tuvieron, sin llegar a despidos todavía, ofertas de retiros voluntarios en medio de actitudes amenazantes. El sindicato SOEPU, representante de los trabajadores, rechazó esta actitud empresaria manifestando que, si hay despidos, van a parar todas las unidades productivas de Petroquímica en Puerto San Martín.
La postura empresaria es económica: producir caucho sintético en un país que ya casi no produce cubiertas para vehículos, es una pérdida económica. Cerró no hace mucho Fate y Pirelli despide personal, por lo cual no se vende casi caucho y justifica los despidos. El Ministerio de Trabajo de la Provincia convocó a las partes y dictó una conciliación voluntaria para buscar soluciones, con efecto de obligatoria hasta el 3 de agosto.
Este gobierno nacional es representante de un modelo que solo apoya las actividades económicas extractivas (minería, petróleo, gas, producción agro industrial) y no se interesa en generar un proceso industrializador para grandes fábricas y pymes productoras. A la vez hace pagar el costo de la crisis a los sectores más vulnerables, trabajadores, jubilados, empleados públicos, educación, investigación, discapacitados, desocupados e indigentes.
Nos van transformando en seres insensibles, vacíos, individualistas, sin solidaridad es decir, en simples consumidores del capitalismo. Están terminando con toda forma de organización social basada en la defensa de derechos, con principios solidarios; y sólo quedan en pie los sindicatos fuertes que luchan.
Nuestros gobernadores, con sus diputados, han votado la ley de Modernización Laboral del Gobierno Nacional en otra traición imperdonable a los trabajadores, y hoy están vendiendo la dignidad e integridad del país para votar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada para sus provincias y sospecho muchos gobernadores están de acuerdo para vender las tierras y riquezas de sus provincias al capitalismo internacional. Esperable en un gobierno afín a Estados Unidos y el capitalismo: beneficios seguros para ellos, miseria para los ciudadanos argentinos, y nunca defensa de intereses nacionales.
Extraerán nuestras riquezas, contaminaran y robaran nuestros lagos y ríos y se apropiaran de todo lo que les interese. Esto es el capitalismo y el liberalismo. Estamos liquidando el futuro de la patria y de nuestros hijos. En este caso concreto, el grupo de la familia Midlin actúa desde esa dinámica. Su postura es que todos entiendan todos su poder: retiros voluntarios con indemnizaciones extraordinarias, y sino despidos que se regirán por la nueva reforma laboral, lo que significa la baja significativa de las indemnizaciones y el pago en doce cuotas sin interés.
Apoyo y solidaridad con SOEPU y sus dirigentes, que van a lucharan por los derechos de sus trabajadores, e invitación a la comunidad a reaccionar ante esta situación e impedir los despidos acompañando a sus sindicatos y a todos lo que luchan frente a las injusticias. Basta de perder derechos. Es hora de reaccionar.
2- Consideraciones Técnico- legales
Dejo aclarado que la presente no intenta generar un análisis de cada uno de los artículos de la Ley
27.802 que perjudica a los trabajadores ya que el objeto es tratar la situación de los trabajadores petroquímicos. Es importante aclarar que la reforma laboral por ley 27802, dictada por el Congreso de la Nación, proyecto presentado por el poder ejecutivo nacional, con el apoyo de algunos gobernadores, inclusive de origen peronista (Jaldo, Jalil, Saenz y Rovira) y de la totalidad de los gobernadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales, quienes ordenaron a sus diputados y senadores votar a favor del gobierno nacional, a cambio de recibir dinero para sus provincias, con lo cual apoyaron la reforma laboral que castiga a los trabajadores argentinos en su totalidad, que es notoriamente inconstitucional, constituyendo una violación de los artículos, 14 bis y 19 entre otros, y toda la legislación supranacional e internacional como son los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe expresamente reformas laborales en los estados en perjuicio del interés de los trabajadores y las asociaciones sindicales que los representan.
La histórica ley 20744 de contrato de trabajo, dictada en los años 70 por el abogado laboralista Centeno, quien fuera posteriormente victima del accionar militar y paramilitar de la dictadura. Esa ley fue modelo en el mundo y esta reforma, absolutamente regresiva, retrocede al país, en cuanto a las relaciones laborales, a principios del siglo XX, cuando ningún derecho existía para los trabajadores. Esta situación de despidos permanentes en la industria, servicios y pymes se ve justificada por la situación económica del país y la excusa empresaria de que no hay consumo y a la vez por los avances que las patronales tuvieron a partir del dictado de la citada ley 27802. Entre otras cosas, limita las indemnizaciones por despido, disminuyendo las mismas e inclusive obligarían al trabajador a aceptar ese pago en 12 cuotas, una arbitrariedad que vulnera los principios básicos tanto de la legislación laboral como la legislación civil y comercial.
Para el gobierno nacional y provincial las empresas no toman trabajadores a raíz de la existencia de la que llaman “industria del juicio laboral”, atacando una profesión en forma falaz e injustificada. En realidad lo que existe entre los empresarios es una industria del incumplimiento y la evasión, llevada a cabo por ellos desde hace años, teniendo personal total o parcialmente en negro, lo cual produce a su vez el desfinanciamiento de las cajas de jubilaciones, de obras sociales y sindicatos.
En Pampa, los ejecutivos presionaron a los trabajadores a que acepten el retiro voluntario por medio del cobro de una buena indemnización o sino que se preparen para cobrar las liquidaciones de acuerdo a la reforma laboral y en hasta 12 cuotas sin interés. Y en el caso de pretender hacerle juicio a la empresa, los intereses judiciales pasarían a ser mínimos. Esta reforma limita también el poder de los sindicatos para que los trabajadores no tengan defensa. Se ha vulnerado en forma abierta la totalidad del Bloque Constitucional Federal Laboral. La justicia, hasta el momento, en una parte ha sido absolutamente ajena a la clara cuestión constitucional que se viene planteando en los juzgados laborales. La lucha también hay que darla en la justicia. En eso estamos.
