El Gobierno de Santa Fe implementó el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) para el control de licencias médicas y ausentismo de los trabajadores públicos. El Ejecutivo provincial lo presentó como una herramienta para pasar de la autogestión a un modelo centralizado e integrado con base digital para el seguimiento de accidentes y patologías.
Pero AMSAFE expuso un fuerte rechazo, manifestando que el sistema prioriza una lógica de control, ajuste y tercerización del control médico por sobre el cuidado integral de la salud docente. El gremio advierte que el sistema tercerizado busca el disciplinamiento y limitar tratamientos médicos bajo el argumento de reducir costos.
«El Gobierno lo anunció a través de los medios, como siempre,. No tuvimos convocatoria a reunión técnica o paritaria, para poder trabajar en la propuesta», reclamó Adriana Monteverde, delegada seccional en San Lorenzo de AMSAFE. «También nos enteramos así de que este sistema ya está licenciado, a favor de una empresa privada (N. de R.: SML Consultores Médicos) perteneciente al Grupo Werthein, un holding que abarca agronegocios, ART; varios rubros. Esta empresa tendrá a su cargo el control médico, el seguimiento de licencias, la atención a accidentes laborales, la provisión de medicamentos y la confección de carpetas médicas para todo/a trabajador/a del Estado», puntualizó.
El gremio docente tiene, dice Adriana, muchísima preocupación por esto porque «el gobierno provincial busca así reducir aún más el porcentaje de insistencias, que se dan por enfermedades y por asistencia a familiares. Este tema del presentismo afecta a la salud mental y a la salud en general».
Pero la discusión, entienden en el gremio, es más profunda «que reducir el porcentaje de ausentismo, que de por sí es muy bajo. Hay que discutir sobre la salud; entender que entre todos debemos mejorar las condiciones laborales para que tengamos mejor condición de vida».
Monteverde no dejó de recordar que Provinica «nos cambió también el régimen jubilatorio, que cambió notablemente las condiciones de trabajo: debemos trabajar más tiempo y la reducción salarial hizo que la mayoría de los docentes tengan dos o tres empleos, porque el sueldo docente está bajo la línea de pobreza». Con respecto al último ítem, ilustró: «Un maestro de grado cobrará mensualmente sólo $ 1.037.000 hasta julio».
Finalmente, la delegada gremial apuntó: «Para este gobierno es mejor ser autoritario que cumplir con la ley. Pero seguiremos exigiendo que se derogue la reforma previsional y que se establezca, en paritarias, una discusión seria, democrática, respetuosa, como merecen las trabajadoras y los trabajadores, quienes deberían estar sentados a la mesa de discusión de cualquier modificación».
