Este martes, el fiscal Aquiles Balbis dialogó con el periodista Ever Arnoldo en el programa Realidad Aumentada, que se emite por el streaming de Shock Contenidos, donde brindó detalles clave sobre la investigación del homicidio de José Omar Rendón.
Según explicó el fiscal, tras la audiencia imputativa realizada recientemente, la hipótesis de un crimen planificado dejó de ser una teoría para sostenerse firmemente en la evidencia recolectada. “Entendemos que se acreditó sobremanera con una cantidad de pruebas que no suele ser frecuente”, afirmó.
Rendón, quien se desempeñaba como chofer de Uber y además realizaba actividades comerciales como prestamista y vendedor, había salido de su casa el pasado 26 por la mañana y no regresó. Ante esta situación, su hijo radicó la denuncia por paradero en las primeras horas del día 27.
Con el avance de la investigación, se detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas, como transferencias y mensajes escritos inusuales —ya que la víctima solía comunicarse mediante audios—, lo que encendió las alertas.
A partir del rastreo del teléfono celular, los investigadores lograron ubicar el último lugar donde estuvo Rendón: una vivienda en la zona de Echeverría al 100. Allí habría sido citado bajo el pretexto de una operación económica.
De acuerdo a lo reconstruido por la Fiscalía, los dos imputados —un hombre y una mujer— habrían planificado el encuentro en el marco de una situación económica crítica. Una vez que la víctima llegó al lugar, fue sorprendida, golpeada con una herramienta y obligada a entregar su teléfono y contraseñas.
Con el control del celular, los agresores realizaron transferencias por un monto inicial de aproximadamente 235 mil pesos. Posteriormente, continuaron contactando a clientes de Rendón para exigir pagos de deudas, alcanzando una suma total estimada superior a los 500 mil pesos.
Tras el ataque, los acusados abandonaron el cuerpo de la víctima y dejaron el vehículo en la misma secuencia del hecho.
La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio “criminis causa”, es decir, cometido para facilitar otro delito —en este caso, el robo— y garantizar la impunidad. “Tenemos elementos sólidos que evidencian un acuerdo previo entre los imputados para llevar adelante el crimen”, indicó Balbis.
De confirmarse esta calificación, los acusados enfrentarían una pena de prisión perpetua.
