Fiscales y jueces serán capacitados de acuerdo al proyecto polémico que permite a los policías poder disparar en situaciones críticas
El Gobierno de Santa Fe ha presentado el proyecto denominado “Ley Luciano”, que busca capacitar a jueces y fiscales en la evaluación del uso de la fuerza policial, en respuesta a la reciente anulación de la condena al policía Luciano Nocelli, quien estuvo involucrado en la muerte de dos motochorros durante un enfrentamiento en 2019 y fue liberado en noviembre de 2024 tras la revocación del fallo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, y el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, dieron a conocer detalles del proyecto, que propone que los funcionarios judiciales reciban formación sobre el estrés y la presión que enfrentan los agentes policiales al tomar decisiones críticas sobre el uso de sus armas.
“Queremos que esta capacitación se fije como una política de Estado”, afirmó Coccocioni, quien no descartó la posibilidad de incluir una cláusula en la Constitución que respalde el uso de la fuerza legítima por parte de la policía.
El proyecto incluye actividades prácticas donde los jueces y fiscales podrán experimentar situaciones similares a las que enfrentan los policías en el campo. Esto abarca tácticas operacionales y el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de que los operadores judiciales comprendan mejor las circunstancias complejas y de alta presión en las que se encuentran los agentes.
Además, se adelantó que todos los aspirantes a jueces penales y de menores, fiscales y defensores deberán completar esta capacitación una vez que la ley sea sancionada.
Ciro Seisas destacó la actuación de Nocelli, afirmando que “es una persona que arriesgó su vida en la defensa de otros ciudadanos”. El legislador subrayó la necesidad de proporcionar herramientas adecuadas a los jueces para que comprendan la realidad del trabajo policial y así evitar situaciones similares a la que vivió Nocelli.
La presentación de la “Ley Luciano” genera expectativas sobre cómo podría transformar el tratamiento judicial de los casos que involucran a la policía y su uso de la fuerza en situaciones de riesgo.
