La Legislatura de Santa Fe aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios, una norma que regulará el funcionamiento de los 365 gobiernos locales de la provincia y que fue calificada como “un paso histórico” hacia la modernización del Estado.
La iniciativa obtuvo sanción definitiva tras ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el Senado en la misma jornada. La ley se enmarca en la reciente reforma constitucional de 2025, que impulsó cambios estructurales en la organización institucional.
La presidenta de la Cámara baja, Clara García, destacó el proceso de construcción colectiva del proyecto, que incluyó audiencias públicas y consultas a intendentes, concejales y distintos actores políticos. “Hemos alcanzado una ley innovadora, con más participación y mejores herramientas de control”, afirmó.
Por su parte, el diputado Joaquín Blanco subrayó que se trata de “la primera gran ley derivada de la nueva Constitución”, y aseguró que marca el inicio de una etapa de mayor protagonismo para los municipios.
La norma amplía significativamente su alcance: pasó de 60 artículos en el proyecto original a 116 en su versión final. Entre sus principales ejes, establece reglas claras sobre el funcionamiento de los gobiernos locales, las competencias de intendentes y concejos municipales, y una nueva composición de estos últimos, con criterios de representatividad según la población.
Uno de los cambios más relevantes es la duración de los mandatos: todos los cargos tendrán un período de cuatro años con posibilidad de una sola reelección, promoviendo la alternancia política y limitando las reelecciones indefinidas.
Además, la ley incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, como audiencias públicas, referéndum, consulta popular, presupuesto participativo e iniciativa popular para presentar proyectos de ordenanza. También introduce la figura de revocación de mandato, que permitirá a la ciudadanía remover autoridades en casos graves sin esperar a una nueva elección.
Otro punto clave es la promoción de la cooperación entre municipios, mediante la creación de áreas metropolitanas y organismos compartidos para la gestión de servicios y control. En ese sentido, se busca mejorar la planificación territorial y optimizar recursos en temas como transporte o recolección de residuos.
Finalmente, se establece la “Mesa de Transición Democrática”, un mecanismo inédito que obliga a las autoridades salientes y entrantes a elaborar un informe conjunto para garantizar transparencia en los cambios de gestión.
Con esta ley, la provincia inicia una nueva etapa en la organización de sus gobiernos locales, con el objetivo de fortalecer la democracia, mejorar la gestión y brindar respuestas más eficientes a la ciudadanía.
