El proyecto fue presentado por los concejales Martín Cerdera, Esteban Aricó y Yazmín Petrillo, del bloque Construir Ciudad. Busca elevar los estándares de transparencia e integridad en las contrataciones municipales.
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal de San Lorenzo propone implementar un sistema de “Ficha Limpia” para las personas y empresas que pretendan contratar con el municipio. La iniciativa lleva las firmas de los concejales Martín Cerdera, Esteban Aricó y Yazmín Petrillo, del bloque Construir Ciudad.
La propuesta establece condiciones de integridad, transparencia e idoneidad para quienes participen de contrataciones de bienes, servicios, concesiones, locaciones, suministros, consultorías y obras públicas. Según fundamentan sus autores, el objetivo es fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos y evitar que el Estado municipal contrate con personas o empresas cuya situación pueda afectar la transparencia o el interés general.
¿Qué empresas y personas quedarían impedidas de contratar?
El proyecto establece una serie de causales de inhabilitación. Entre ellas aparecen las empresas o personas suspendidas o inhabilitadas en registros oficiales de proveedores, quienes se encuentren en determinadas situaciones de quiebra o concurso, quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos y quienes estén imputados o procesados por delitos contra la Administración Pública, la fe pública o la propiedad.
También se contempla a quienes mantengan deudas exigibles por obligaciones tributarias, previsionales o de seguridad social, además de las incompatibilidades previstas por otras normas. El proyecto incorpora asimismo a las personas inscriptas en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios.
Un aspecto importante es que los controles no quedarían limitados a la empresa que se presenta a una licitación. Las causales también alcanzarían a representantes legales, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, socios con capacidad de control y miembros de uniones transitorias, consorcios u otras formas asociativas que participen de una contratación municipal.
Control previo y declaración jurada
De aprobarse la iniciativa, antes de adjudicar una contratación el Departamento Ejecutivo debería verificar el cumplimiento de estas condiciones mediante la documentación correspondiente y consultas a los registros públicos pertinentes.
Además, cada oferente tendría que presentar una declaración jurada asegurando que no está alcanzado por ninguna de las causales previstas. Si posteriormente se comprobara que la declaración fue falsa, podría dejarse sin efecto la adjudicación, rescindirse el contrato, aplicarse sanciones administrativas y realizarse las denuncias judiciales correspondientes.
El proyecto plantea que el Departamento Ejecutivo tenga 90 días desde la promulgación para reglamentar el sistema, estableciendo cómo se acreditará, verificará y actualizará la información. La nueva normativa alcanzaría a los procesos de contratación que se inicien después de su entrada en vigencia.
La iniciativa abre ahora el debate en el Concejo Municipal sobre los requisitos que deberían cumplir quienes hacen negocios con el Estado local y apunta a incorporar mayores controles sobre las contrataciones municipales.
