El pasado 28 de marzo, el gobierno italiano oficializó la implementación de cambios sustanciales en el proceso de obtención de la ciudadanía por descendencia. La modificación impacta de lleno en nuestro país, que alberga a la comunidad de italianos más numerosa fuera de Italia.
Hasta ahora, cualquier persona con un antepasado italiano que hubiese vivido después del 17 de marzo de 1861 —fecha de unificación italiana— podía iniciar el trámite de ciudadanía iure sanguinis (principio que permite adquirir la ciudadanía de un país por vínculo de sangre con antepasados nacidos en el mismo), sin necesidad de que sus ancestros hubieran sido reconocidos formalmente como ciudadanos. Pero con la entrada en vigencia del decreto del Poder Ejecutivo italiano, el acceso a la ciudadanía se restringe sólo a hijos y nietos de ciudadanos italianos. Mientras tanto, hijos y nietos de personas que hayan sido reconocidas como italianas deberán, además, acreditar una residencia de al menos dos años en el país de su familiar.
Se estima que en Argentina hay 1,2 millones de personas con ciudadanía italiana, y alrededor de 12 millones que estaban en condiciones de solicitarla. Muchas de ellas se encontraban en pleno proceso de recolección de documentos o ya habían iniciado trámites ante consulados o por vía judicial. Aquí cabe la primera aclaración: quienes presentaron sus carpetas en los consulados antes de la entrada en vigor de esta circular no se verán afectados por la nueva norma.
Quienes tenían turnos asignados que fueron cancelados deberán esperar la reprogramación oficial que comenzará el 13 de abril, y será notificada por correo electrónico. Y quienes hayan iniciado su proceso judicial antes de la entrada en vigencia de la norma seguirán rigiéndose por la legislación anterior.
Este ajuste normativo no es un hecho aislado y se da en un contexto político donde la coalición de derecha que gobierna a Italia, liderada por la primera ministra Giorgia Meloni, impulsa una agenda nacionalista que busca “revalorizar” la identidad italiana. Esta misma línea se refleja en otras políticas migratorias más restrictivas y en debates parlamentarios donde se tensiona el concepto de italianidad. Parecería que este proceso de “revalorización” desconoce a la propia historia, cuando miles de italianos fueron expulsados de su país por la falta de oportunidades y fueron cobijados por naciones por entonces jóvenes, como Argentina. Es evidente que el objetivo real de la medida es reducir la migración legal.
A pesar de todo, la última palabra aún no está dicha. El Parlamento italiano tiene hasta el 28 de junio para aprobar, rechazar o modificar esta resolución.
Abogada Luisina Flores Piazza
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Mat.: LVI119
