Mañana habrá una jornada nacional impulsada por prestadores de salud , familias involucradas, instituciones y transportistas, aunados en la búsqueda de que se logre tal declaración para que cese el ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional en esta área.
Como si las personas discapacitadas y sus familias no tuvieran suficiente con tal condición, la administración de Javier Milei no deja de recortar pensiones, de quitar a instituciones prestadoras todo apoyo financiero y de congelar los montos de los aranceles que perciben los trabajadores que atienden a esas personas.
En el envío por streaming «Realidad aumentada» (martes y jueves de 8:30 a 10:30 por youtube.com/@shockcontenidos y por Shock! FM 106.5), María Soledad Giorgini, fundadora del Centro de Día sanlorencino CREE, dedicado desde hace dos décadas a atender a personas con discapacidad desde los 14 años de edad, declaró que la emergencia en discapacidad ya es una cruel realidad: «El recorte obliga a las personas a renovar la entrega de toda su documentación, siendo que la discapacidad que padecen las acompañará toda la vida. Es caótico lo que sucede».
Dato: según el diputado nacional Daniel Arroyo, «hubo 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, que tramitaron el Certificado Único de Discapacidad, que hicieron los tratamientos y llenaron todos los papeles, y de ese universo, solamente asignaron pensiones a 586 personas«. Giorgini añade: «Hace desde antes de diciembre del año pasado que no se otorga aumento a los aranceles de los prestadores».
A tono con el reclamo y la decepción de Soledad, la psicopedagoga Camila Di Paolo abundó: «Esto es una rueda: a los prestadores no les aumentan; ellos dejan de dar esa prestación y las personas con discapacidad se quedan sin poder ir a las terapias». Y agregó más gris al decir: «Hay mucha desesperación en las familias que dejan de cobrar las pensiones no contributivas y no les avisan».
Para peor, las prestadoras están amparadas por la Ley 24.901, por la cual se creó el Sistema Único de Prestaciones Basicas, con lo que el Estado está comprometido a mantener a esas instituciones. Será, quizás, como asevera Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad: Para este gobierno, las personas con discapacidad tienen que desaparecer, ya que considera que no son productivas, y por consiguiente, no tienen derecho a la vida”.
La esperanza está puesta, ahora, en el tratamiento que el Congreso nacional dará al proyecto de ley para sancionar la Emergencia en Discapacidad, lo que de concretarse llevaría a un fortalecimiento de las condiciones para los prestadores y a una revisión – con mejora – de las pensiones no contributivas. Aunque el gobierno nacional considere que los problemas de las personas son solamente individuales y que el Estado no tiene que tener intervención.
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