Dos días antes que los diputados de la Nación comiencen a debatir sobre los vetos del Presidente a la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aumento a jubilados y a la moratoria previsional, el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia afincado en Campana (provincia de Bueno Aires), hizo lugar al recurso de amparo presentado por los padres de dos chicos de 11 años de edad que padecen Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). declarando la invalidez del decreto que segó a la ley. «“El derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”, dictaminó el magistrado, echando por tierra el sustento del mantra que repite Milei: «No hay plata».
Mientras tanto, la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados tendrá lugar este miércoles, y las organizaciones de distintas raigambres que bregan por la aprobación de las leyes llaman a acompañar, en el propio Congreso, en la jornada. Para que el veto sea derrotado, se necesitarán los votos de dos tercios de los legisladores.
«Me parece que en cuanto a ese número, estamos muy con lo justo», dijo con tono serio Mariel Chapero, presidente de Apridis (Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad). «Por eso estamos invitando a movilizarse y solicitando a las y los legisladores que contemplen las necesidades del pueblo para que estas leyes entren en funcionamiento y amparan a estas poblaciones que son postergadas desde hace tiempo. Estamos comunicándonos con ellas y ellos y llamamos a la población a hacer lo mismo; los mails de senadores y diputados/as están a disposición en las páginas de internet de las respectivas cámaras. Cada familia tiene derecho a exigirle a quien votó que resguarde, precisamente, sus derechos, precisamente», agregó.
Mariel celebró el fallo del juez de Campana pero solicitó cautela: «El fallo abarca sólo el caso mencionado. Lo semántico es importantísimo porque lo presupuestario no puede estar nunca sobre los derechos a la salud y a la educación y sobre los tratados internacionales, pero hay que entender que para que esa sentencia alcance a cualquier otra persona, ésta debe ir a Campaba y presentar un recurso de amparo sobre su caso, con el antecedente nombrado».
«De todas maneras», destacó la mujer de Apridis, «es valiosísimo que desde el Poder Judicial se legitimen las legislaciones internacionales que se están violando con la excusa de que no se eliminó el sistema integral de prestaciones, que con la precarización y el desfinanciamiento a que está siendo sometido desde hace mucho está desapareciendo».
«Una buena noticia»
Eso dijo sobre el fallo de González Charvay el diputado por provincia de Buenos Aires y exministro nacional de Desarrollo Social Daniel Arroyo, autor de la ley y uno de los impulsores del rechazo al veto. «La Justicia está diciendo que el Estado no puede abandonar a su suerte a las personas con discapacidad; debe cumplir con las prestaciones básicas. Y deja en claro que no se trata de una cuestión fiscal, sino de la deuda que el Ejecutivo tiene con las personas con discapacidad y con sus familias».
Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa vetada por Milei busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
