Casi siete meses después de su sanción en el Congreso argentino y al borde del tiempo legal tras ser intimado por la Justicia federal, el gobierno de Javier Milei publicó en su Boletín Oficial de este miércoles, 4 de febrero, la reglamentación de la Ley Nº 27.793: la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicha reglamentación fue cristalizada el martes mediante el decreto 84/2026.
El gobierno estaba al límite después de la sentencia emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana (provincia de Buenos Aires), que le ordenó aplicar inmediatamente la ley y que declaró la invalidez de un decreto previo por el cual se había suspendido la ejecución de la misma, aduciendo falta de certeza acerca de la fuente de financiamiento. La fecha tope para la reglamentación era la de este miércoles.
¿Qué define la reglamentación?
En líneas generales, las condiciones de acceso al régimen nuevo de pensiones. En relación a esto, habrá una conversión de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la ahora denominada Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esto derivará en un proceso de identificación y estudio de las prestaciones incluidas en cada pensión.
También, la polìtica sobre discapacidad se centrará en el Ministerio de Salud de la Nación, ya que el decreto 84/2026 dispone que la Secretaría Nacional de Discapacidad queda incluida en la esfera de esa cartera. Además, dicha secretaría debe convocar al Consejo Federal de Discapacidad, órgano muy criticado desde hace mucho por su inacción y el no cumplimiento de sus obligaciones; por caso, no reunirse con la periodicidad necesaria.
Precisamente, las medidas que adopte el Consejo tendrán que llevarse adelante por medio de una cofinanciación entre el Estado Nacional y las provincias y el gobierno de la Ciudad de Bs. As. ¿Habrà conflicto en ello cuando llegue el momento?
«Mucha alegría»
Amparo es la mamá de Milo, un chico sanlorencino de 9 años que padece parálisis cerebral. Ella celebró la noticia: «Nos desayunamos con esto y estamos muy felices debido a que ahora se van a respetar los derechos de las personas con discapacidad y sus prestadores de salud, acompañantes y transportistas van a poder tener sus aranceles al día como cualquier trabajador, y no se van a cortar las prestaciones».
Luego de contar la muy buena nueva de que con su hijo viajarán a Mèxico el 23 de junio próximo para que él continúe con su tratamiento, Amparo expresó: «El decreto que salió hará que la ley se cumpla, que era lo que no quería el Presidente. Basta de renovar certificados de discapacidad y de quitar derechos, sesiones de terapias, transporte, medicación; ahora, todo lo que se necesite y esté bajo la ley lo tendrán que dar. Para las familias es un día de mucha alegría«.
«Sabor a casi nada»
Contrariamente a lo manifestado por Amparo, Miguel Perini, presidente de Acdisfe (Asociación Civil de prestadores independientes de Discapacidad y afines de Santa Fe) lamentó que «no se reglamentó el artículo que trata sobre la financiación ni el dedicado al nomenclador nacional, que son aspectos críticos en la búsqueda de solución a los muchos problemas que hay».
Miguel continuó diciendo que «el gobierno sólo presenta una prueba de que está haciendo algo. Lo ùnico positivo es una quita de intereses resarcitorios y punitorios en los convenios de pago que tuvieron que concretar los prestadores que tienen deudas, aunque esa quita se efectivizará sólo si pagan».
Finalmente, el hombre resumió: «Ahora, el gobierno dirá que reglamentó; el juez contestará que ello no responde al espíritu de la ley; el gobierno, que no está de acuerdo con ese espíritu… Este gobierno, que iba a combatir a la casta, ya se convirtió en ella, con su criterio ‘ajustador’ sobre los que menos tienen«.
