El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó una auditoría integral del Boleto Educativo y detectó 34.606 casos que no cumplían los requisitos establecidos por la Ley 14.394. Tras el proceso de control, los beneficios fueron dados de baja, lo que representa un ahorro estimado de $585 millones que serán reinvertidos para garantizar que el programa llegue a quienes realmente lo necesitan.
El ministro Gustavo Puccini explicó que el objetivo de la revisión fue “garantizar el uso responsable de los fondos públicos”.
“Son recursos importantes y queremos que los reciban quienes cumplen con la reglamentación. La sociedad nos pide que cortemos con los abusos en el Estado, y hacer estos controles también es poner orden. No hay lugar para la trampa”, sostuvo.
Según el relevamiento, las bajas incluyen 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación como alumno regular.
En la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, se identificaron 13.706 beneficiarios irregulares. En total, 24.800 bajas se vincularon con pérdida de regularidad y 9.806 con domicilios fuera de Santa Fe.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó: “El sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.
