
A 37 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
por Marcelo José Molina, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, exjuez del Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de Rosario.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro país hizo lo propio al año siguiente y, desde 1994, la Convención tiene jerarquía constitucional. En 2005, la ley 26.061 derogó la vieja Ley de Patronato de Menores, la «Ley Agote», que había regido durante 86 años.
Sobre el papel, el cambio fue enorme: los chicos dejaron de ser objetos de protección y pasaron a ser sujetos de derecho, personas que deben ser escuchadas y que ganan autonomía de manera progresiva. Pero una ley se deroga en un instante. Una cultura, no.
El patronato como cultura
El patronato no fue solo una ley. Fue, y en buena medida todavía es, una manera de mirar a los chicos. Bajo esa mirada, el Estado actuaba como un «gran padre de familia» que decidía qué era lo mejor para cada niño según las propias convicciones de quienes lo ejercían, sin necesidad de preguntarle nada. La voz del chico se disolvía en la del adulto que, en los papelitos, lo protegía.
Esa cultura sobrevive en frases que todavía escuchamos: «es por su bien», «es muy chico para entender». Y sobrevive, sobre todo, en decisiones administrativas y judiciales que usan el lenguaje de la protección integral pero tienen sus cimientos en lo que el adulto considera conveniente, sin el chico.
Para muchos de nosotros la cultura del patronato viene instalada en el tuétano.Desarticularla no se consigue de una vez: exige un acto racional cotidiano frente acada decisión. Preguntarnos, cada vez, cuánto de patronato hay en lo que estamos por resolver.
No somos príncipes
En estos días doy una charla que va tomando distintos nombres pero que para mí se llama «No somos príncipes».
La idea es simple: los jueces somos servidores públicos, parte de uno de los poderes de un Estado republicano. No decidimos según nuestras convicciones personales, sino dentro de un orden jurídico.
Lo mismo vale para el gobernador, los ministros, los secretarios, los legisladores, los responsables de las áreas administrativas de niñez: para todos.El ejercicio del poder conlleva una enorme tentación: hacernos olvidar que somos servidores.
Esa tentación es más peligrosa cuando del otro lado hay un pibe que no puede discutirnos de igual a igual. Por eso el patronato y el príncipe que el poder despierta en nosotros se llevan tan bien: los dos deciden por el otro y no rinden cuentas.
Nosotros como vulneradores
Hay otra charla que ofrezco con un título incómodo: «Nosotros como vulneradores». Solemos pensar que quienes vulneran los derechos de los chicos son otros: un padre violento, una madre negligente, un adulto abusador. A veces es así. Pero a veces los vulneradores somos nosotros, los que debíamos protegerlos.
En julio de 2013 entró a mi despacho de juez de familia una niñita de siete años, con sus hermanitos. Hacía unos años que el Estado los había separado de su familia biológica. Me preguntó cuánto faltaba para tener una mamá y un papá. «Un tiempito», le dije. «¿Cuánto tiempo es un tiempito?», retrucó.
Esa pregunta, que nos acompaña en estos trece años recorridos, dio cuenta, de modo indubitable, de que el mismo Estado que había intervenido para protegerlos volvía a vulnerarlos una y otra vez en cada día de espera, con informes que iban y venían, con plazos y placitos, con un tiempo que se perdía entre papeles.
No hacía falta ninguna maldad: alcanzaba con la inercia de un sistema que decide por los chicos y mide el tiempo con el reloj de los adultos.
Saber más que derecho
¿Cómo se desarma esa cultura? No alcanza con la buena voluntad, ni siquiera con conocer la ley. Todo servidor público que trabaja con chicos necesita una formación que abreve en otras disciplinas.
Un juez de familia debe tener nociones de antropología, sociología, psicología, saber qué sucede en las otras áreas vinculadas con la niñez. Debe saber en qué consiste el trabajo social y cuándo ordenar esa intervención, qué pedirles a las otras disciplinas, cómo leer un informe, cómo trabajar mancomunadamente.
Debe saber cómo se prepara y cómo se hace la entrevista con un niño, cuáles son las etapas del desarrollo evolutivo y cómo se vinculan con la tan mentada autonomía progresiva, cómo impactan en la vida de un niño una discapacidad física o mental, la malnutrición, su origen social, su sistema de creencias.
Sin esos saberes, el vacío lo llena otra cosa: nuestras propias convicciones. Y ahí, sin advertirlo, volvemos a ser príncipes. Volvemos al patronato.
Un día para mirarnos
El 20 de noviembre suele dedicarse a hablar de los chicos. Este año propongo usarlo también para mirarnos a nosotros, los adultos que desde el Estado decidimos sobre sus vidas. Para preguntarnos si escuchamos o solo oímos, si decidimos conforme a derecho o conforme a lo que nos parece, si nuestro tiempo respeta el de ellos.
No somos príncipes. Somos servidores



