El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del actual subsecretario de Política Criminal de la Nación para ocupar el Juzgado Federal de Garantías de San Lorenzo. La postulación integra una tanda de cinco candidatos para cubrir vacantes en Santa Fe y abre una nueva etapa en la estructura judicial del Cordón Industrial.
La Justicia Federal de San Lorenzo dio un paso clave hacia la designación de su primer juez con asiento en la ciudad. El Gobierno nacional propuso a Emiliano Pedro Méndez Ortiz, actual subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, para ocupar el Juzgado Federal de Garantías local. Su nombramiento, sin embargo, todavía requiere el acuerdo del Senado.
Según publicó La Capital este miércoles 28 de octubre, el Poder Ejecutivo formalizó el envío de cinco pliegos para cubrir cargos de jueces federales en distintas ciudades de Santa Fe. Además de Méndez Ortiz para San Lorenzo, la nómina incluye a Franco Mariano Carbone para Rosario, Vanesa Natalia Druetta para Santa Fe capital, Mariano Javier Camblong para Venado Tuerto y Guido Yercovich para Rafaela.
En el caso de San Lorenzo, la propuesta quedó registrada mediante el mensaje presidencial 243/26, expediente PE-262/26, remitido a la Cámara alta para iniciar el procedimiento de acuerdo parlamentario.
Quién es el candidato para el Juzgado Federal de San Lorenzo
Méndez Ortiz ocupa actualmente la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación, dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. Su recorrido profesional incluye experiencia en la Justicia Federal porteña, particularmente en el ámbito de los tribunales de Comodoro Py.
Su llegada al Poder Ejecutivo se produjo bajo la gestión de Mahiques, quien asumió al frente de la cartera de Justicia en marzo de 2026. Además de su función como subsecretario, Méndez Ortiz fue vinculado a tareas de coordinación institucional relacionadas con la implementación del sistema acusatorio y la articulación judicial contra el narcotráfico.
El perfil del candidato adquirió relevancia política antes de la confirmación de su postulación. En una publicación del 31 de agosto, Letra P presentó su eventual llegada a San Lorenzo como parte de una trama de vínculos y decisiones que atraviesan la renovación de la Justicia Federal santafesina. El medio destacó su relación profesional con Mahiques y su trayectoria previa en Comodoro Py.
Ese contexto coloca la designación en una dimensión que excede el nombramiento de un magistrado: también expresa cómo el Gobierno nacional define los perfiles que ocuparán puestos estratégicos en el sistema judicial.
Un juzgado estratégico para el Cordón Industrial
La designación tiene una importancia particular para San Lorenzo y su zona de influencia. La ciudad concentra una parte central de la actividad portuaria y agroexportadora del país, en un territorio atravesado por operaciones comerciales, circulación de mercaderías y problemáticas vinculadas a delitos de competencia federal.
Entre las materias que pueden llegar a la Justicia Federal se encuentran el narcotráfico, el contrabando, los delitos económicos y tributarios, además de otras causas comprendidas en la jurisdicción federal.
El juzgado de Garantías tendrá funciones específicas dentro del sistema acusatorio: deberá controlar la legalidad de los procedimientos, resolver pedidos de medidas que afecten derechos fundamentales y evaluar las medidas de coerción solicitadas por las fiscalías, entre otras atribuciones. La investigación penal, en cambio, estará a cargo del Ministerio Público Fiscal.
La instalación de un juez federal en San Lorenzo busca completar una estructura judicial que la ciudad reclama desde hace años.
Para San Lorenzo, el dato concreto es que el nombre propuesto por el Ejecutivo nacional ya ingresó en la instancia parlamentaria. Ahora será el Senado el que deberá evaluar el pliego y decidir si presta el acuerdo necesario para su designación.
Después de años de reclamos por una Justicia Federal con presencia propia en la ciudad, la definición no solo determinará quién ocupará el juzgado: también marcará el inicio de una etapa institucional relevante para una región central en la economía argentina.
