La Justicia rechazó el concurso preventivo presentado por la agencia y la investigación penal ya derivó en órdenes de captura. Entre los damnificados hay vecinos de San Lorenzo y distintas localidades de la región. El abogado Ignacio Arroyo explicó cómo continúa el reclamo para quienes entregaron dinero o vehículos y todavía no recibieron lo pactado.
La causa por la presunta estafa vinculada a la agencia de vehículos Rosario MotorSports sumó nuevos capítulos y comienza a transitar dos caminos en paralelo: el civil y comercial, donde los damnificados buscan recuperar sus vehículos o el dinero entregado, y el penal, donde se investiga si detrás de las operaciones hubo un delito.
El caso tiene un impacto directo en San Lorenzo y la región, ya que entre las personas afectadas hay familias y trabajadores de localidades del Cordón Industrial que entregaron ahorros, vehículos usados o dinero en operaciones que finalmente no se concretaron como esperaban.
El abogado Ignacio Arroyo, que representa a parte de los damnificados, explicó a Cordón Plus que el conflicto judicial comenzó a tomar forma hace aproximadamente dos meses, aunque las situaciones que dieron origen a los reclamos son anteriores.
Uno de los primeros puntos que quedó definido fue el rechazo del concurso preventivo solicitado por la empresa. Según explicó Arroyo, al analizar la documentación presentada aparecieron inconsistencias vinculadas a la modalidad de contratación.
La agencia, que funcionaba como una empresa multimarca y no como una concesionaria oficial de una automotriz, celebraba contratos y boletos de compraventa que, en varios casos, no establecían una fecha concreta para la entrega de los vehículos.
Para el abogado, ese fue uno de los elementos que tuvo en cuenta la Justicia para rechazar la apertura del concurso: se pretendía reestructurar obligaciones que, en algunos casos, ni siquiera tenían establecido un plazo de cumplimiento. A eso se sumaron, según explicó, cuestiones vinculadas con la documentación societaria y los requisitos instrumentales exigidos para este tipo de procesos.
La causa penal ya tiene detenidos
En paralelo, la acumulación de denuncias presentadas por distintos estudios jurídicos permitió que la Fiscalía de Derechos Económicos avanzara con la investigación penal.
Arroyo confirmó que ya se habían realizado allanamientos y que posteriormente se libraron órdenes de captura contra personas vinculadas a la sociedad. Según señaló, dos de los responsables fueron detenidos, mientras que otras dos personas no fueron encontradas al momento de ejecutar las órdenes.
De todos modos, el abogado remarcó que todavía se trata de una investigación por una presunta estafa y que será la Justicia la que deberá determinar si existió efectivamente un delito y la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
Para los damnificados, uno de los escenarios que puede abrirse dentro del proceso penal es una salida alternativa mediante una compensación económica, siempre que las condiciones del caso y las pruebas permitan llegar a un acuerdo.
Más de 100 damnificados y una cifra millonaria
Uno de los datos que dimensiona el alcance del caso surge de la propia presentación del concurso preventivo. Allí se habría consignado la existencia de más de 100 damnificados y obligaciones vinculadas con vehículos por un valor cercano a 200 mil dólares.
Arroyo señaló que su estudio representa actualmente a unos 36 damnificados, aunque estimó que la cantidad total podría ser considerablemente mayor.
Entre los casos aparecen situaciones diferentes: personas que compraron un cero kilómetro, clientes que entregaron un vehículo usado como parte de pago y otros que dejaron sus automóviles en consignación para ser vendidos.
Según describió el abogado, muchos de los afectados son trabajadores que utilizaban esos vehículos como herramienta cotidiana y que, además de haber entregado dinero, se quedaron sin el automóvil que tenían.
Por eso, el pedido central de Arroyo para quienes todavía no se presentaron es concreto: denunciar.
El abogado sostuvo que quienes consideren haber sido damnificados deben presentarse ante la Justicia, tanto para dejar asentada la operación como para tener la posibilidad de participar de una eventual salida económica dentro de la causa.
“No lo den por perdido”, es el mensaje que transmite Arroyo. La explicación es que no existiría necesariamente un registro único y ordenado de todas las operaciones realizadas por la agencia. Por eso, para que una persona sea reconocida como damnificada, debe acreditar y denunciar su situación.
También analizan responsabilidades de otras agencias
El reclamo no necesariamente podría quedar limitado a la agencia investigada. Arroyo explicó que detectaron operaciones en las que pagos o transferencias vinculadas a vehículos terminaron involucrando a otras agencias o concesionarias oficiales.
A partir de ese entramado comercial, el estudio analiza la posibilidad de reclamar una eventual extensión de responsabilidad civil, según las particularidades de cada operación.
El abogado mencionó en ese sentido el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que contempla la responsabilidad de quienes participan en la cadena de comercialización.
También existen casos particulares que están siendo analizados judicialmente. Entre ellos, una situación en la que un vehículo entregado en consignación habría sido transferido a otra persona sin que su propietario hubiera cobrado ni firmado correctamente la documentación. En ese tipo de situaciones, explicó Arroyo, podrían existir acciones civiles destinadas a intentar revertir la transferencia, aunque cada caso debe analizarse de manera individual y pueden entrar en juego los derechos de terceros adquirentes de buena fe.
