El director provincial de Coordinación, Control y Supervisión de la Inspección en Salud y Seguridad en el Trabajo, Miguel Fiorito, aseguró que no existieron denuncias gremiales durante la actual gestión y confirmó que la última inspección que recuerda sobre la planta había sido realizada en 2021. El dato vuelve a poner bajo la lupa el alcance de los controles estatales sobre las empresas del Cordón Industrial.
La tragedia ocurrida en Albardón Bio abrió una discusión que va más allá de determinar qué provocó la explosión. Con tres trabajadores fallecidos y una investigación judicial en marcha, también aparece una pregunta de carácter político: ¿cómo se controla la seguridad laboral en uno de los principales polos industriales del país y con qué frecuencia el Estado vuelve a inspeccionar una planta después de detectar eventuales riesgos?
En diálogo con Realidad Aumentada, Miguel Fiorito, director provincial de Coordinación, Control y Supervisión de la Inspección en Salud y Seguridad en el Trabajo, aseguró que durante la actual gestión provincial no hubo denuncias del gremio vinculadas con Albardón Bio.
Consultado específicamente sobre los antecedentes de inspecciones, el funcionario señaló que la planta había sido inspeccionada en 2021, es decir, cinco años antes de la explosión que terminó con la vida de tres trabajadores.
El dato cobra especial relevancia porque Fiorito explicó que el Ministerio cuenta actualmente con 16 inspectores para Rosario y su zona sur, y otros 10 para la zona norte, y reconoció que buena parte de las inspecciones se origina en denuncias.
“Tenemos inspecciones de oficio, pero la gran mayoría es por denuncia”, explicó el funcionario, quien destacó además el rol que habitualmente cumplen los gremios en el señalamiento de posibles incumplimientos.
La pregunta que queda después de la tragedia
La propia explicación oficial instala uno de los principales interrogantes que deberán responderse a partir de ahora: si no existió una denuncia gremial y la última inspección mencionada fue en 2021, qué mecanismos preventivos permitieron controlar las condiciones de seguridad de la planta durante los años siguientes.
Fiorito sostuvo que el Estado también actúa de oficio y que recibe información de distintos organismos para intervenir preventivamente. “Nosotros vamos trabajando lo que nos va pasando en la SRT y lo que tenemos de oficio y también, sobre todo, la denuncia”, afirmó.
El funcionario evitó anticipar responsabilidades sobre la explosión y señaló que el Ministerio de Trabajo realizó un peritaje propio, mientras Bomberos lleva adelante otro estudio. Las conclusiones deberán ser evaluadas por la Justicia.
“No es posible afirmar todavía qué ocurrió”, fue, en los hechos, el criterio expresado por el funcionario: un accidente puede tener distintos orígenes, desde cuestiones vinculadas con la ingeniería hasta procedimientos o conductas durante las tareas.
La investigación cobra especial importancia porque la propia empresa informó que el episodio ocurrió durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista.
Suspensión, multas y seguimiento
Tras la tragedia, el Ministerio de Trabajo aseguró que mantiene un seguimiento sobre la situación de la empresa. Fiorito relató que los inspectores concurrieron al lugar inmediatamente después del episodio, aunque inicialmente no pudieron ingresar por las condiciones existentes en la planta. Al día siguiente realizaron el relevamiento correspondiente.
El funcionario también explicó que cuando una inspección detecta incumplimientos, las empresas deben adecuar las condiciones señaladas. De no hacerlo, pueden quedar suspendidas, además de afrontar las multas correspondientes.
“Lo tienen que hacer, si no quedan suspendidas”, afirmó.
Por ahora, la Justicia deberá establecer qué ocurrió en Albardón Bio y quiénes tuvieron responsabilidad.
