El ministro de Ambiente de Santa Fe habló en Realidad Aumentada, de Shock Contenidos, sobre la situación de la ex planta de Fray Luis Beltrán. La Justicia ordenó a AR ZINC avanzar con obras para estabilizar la barranca y contener el pasivo ambiental. “No vamos a relativizar el riesgo”, afirmó el funcionario.
La situación ambiental de la ex planta AR ZINC de Fray Luis Beltrán dejó de ser solamente una discusión sobre el pasivo que permanece después del cierre de la actividad industrial. La decisión judicial adoptada en los Tribunales de San Lorenzo colocó ahora a la empresa frente a una serie de obligaciones concretas para intentar evitar que el riesgo existente pueda derivar en un daño sobre el río Paraná.
En ese contexto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, habló en Realidad Aumentada, el programa que conduce el periodista Ever Arnoldo por Shock Contenidos, y fue contundente al referirse al escenario ambiental: “Nosotros no vamos a relativizar el riesgo que esto implica”.
Para el funcionario provincial, el impacto ambiental del predio “ya está dado desde hace mucho tiempo” y el desafío actual pasa por monitorear, contener y mitigar las consecuencias que pueden generar los residuos peligrosos acumulados en el lugar.
El dato central es que la Justicia puso el foco en la necesidad de actuar sobre la barranca ubicada frente al Paraná. En el predio permanecen aproximadamente 800.000 toneladas de residuos derivados del procesamiento de metales, entre ellos jarosita, en un sector donde un eventual desmoronamiento podría generar el desplazamiento de materiales contaminantes hacia el río.
Una obra que debía tener ocho etapas y quedó inconclusa
Estévez recordó que la Provincia presentó una denuncia penal en marzo de 2024 a través de la Fiscalía de Estado y señaló que durante 2025 comenzaron las obras destinadas al fortalecimiento de la barranca.
Sin embargo, según explicó el ministro, el proyecto contemplaba ocho etapas y solamente se completaron dos.
“Era una obra que tenía ocho etapas, de las cuales solamente cumplieron dos etapas”, señaló Estévez, quien vinculó la falta de continuidad con diferentes situaciones, entre ellas demoras judiciales.
La nueva intervención de la Justicia busca modificar ese escenario. La resolución ordenó a AR ZINC informar en un plazo de diez días qué alternativa adoptará para abordar los residuos y, dentro de los quince días, presentar la documentación técnica, los responsables profesionales y un cronograma de ejecución. Además, deberá informar periódicamente el avance de los trabajos.
El plazo judicial máximo establecido para la ejecución de las medidas es de ocho meses, mientras que la supervisión quedará en manos de organismos provinciales y de la Fiscalía.
Para Estévez, la responsabilidad principal está en quienes son titulares del predio. “Los privados son los responsables de gestionar este pasivo ambiental”, sostuvo durante la entrevista.
La definición adquiere una dimensión política porque el caso plantea una discusión que excede a AR ZINC: quién debe hacerse cargo de los costos y de la remediación de los pasivos ambientales que quedan cuando una actividad industrial deja de funcionar.
El Gobierno provincial trabaja, en ese sentido, en una legislación específica sobre pasivos ambientales. “Tener una ley que regule la gestión de los pasivos ambientales para que no haya perjuicios, para que ningún responsable quede impune en lo que es el abordaje de un proceso de remediación, para nosotros es una herramienta importante”, explicó el ministro.
La advertencia sobre el Paraná
El punto más sensible del conflicto es la posibilidad de que un problema ambiental acumulado durante décadas termine afectando directamente al río.
Estévez remarcó que la jarosita es un residuo peligroso y sostuvo que, tratado correctamente, no necesariamente representa un riesgo para la comunidad. El problema, en este caso, está relacionado con la existencia de un enorme volumen de residuos y con las condiciones del terreno donde permanecen.
La Justicia intervino precisamente frente a ese escenario: la Fiscalía de San Lorenzo planteó el riesgo de colapso de la barranca y la posibilidad de que los residuos alcancen el Paraná.
Por eso, el conflicto tiene una dimensión que trasciende a Fray Luis Beltrán. Un eventual desplazamiento de residuos hacia el río no quedaría limitado al perímetro de la ex planta, sino que abriría un escenario ambiental con potencial impacto regional.
