Este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo Provincial en torno al cierre de la planta de caucho sintético ubicada en San Lorenzo, Pampa Energía, En la misma se dictó una prórroga de la conciliación voluntaria, con efectos de obligatoria, hasta el 11 de agosto próximo. Hubo una gran movilización de trabajadores en la puerta de la cartera laboral
Por lo pronto, unos de los resultados de la audiencia es que el Ministerio de Trabajo se comprometió a convocar una mesa junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe para analizar el futuro de una actividad estratégica para la provincia y el país.
El secretario general del SOEPU, Mauricio Brizuela, aseguró que el sindicato continuará agotando todas las instancias para evitar el cierre y remarcó que la actuación de la Provincia será clave para defender el entramado productivo santafesino.
«Vamos a trabajar para que esta planta continúe produciendo. No estamos defendiendo solamente una fuente de trabajo; estamos defendiendo una producción estratégica que abastece a la industria nacional y que tiene un enorme impacto sobre el desarrollo del Cordón Industrial», expresó Brizuela.
Además el líder gremial valoró la decisión del Gobierno provincial de incorporarse al tratamiento del conflicto a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y sostuvo que esta instancia representa una oportunidad para construir una salida.
«La decisión de cerrar la planta es de la empresa y nadie pretende trasladar esa responsabilidad. Pero la Provincia tiene la responsabilidad institucional de defender el trabajo y la producción cuando está en riesgo una actividad estratégica para Santa Fe y la Argentina. Por eso creemos que esta mesa de trabajo debe convertirse en el ámbito donde se construyan las condiciones para evitar el cierre.», manifesto el titular del SOEPU.
El dirigente sindical también advirtió que el caso debe marcar un precedente institucional frente a decisiones empresariales de semejante magnitud.
«No puede ser que una empresa decida cerrar una producción estratégica sin presentar un estudio técnico, económico o productivo que justifique una medida de estas características».
«Hasta hoy no existen explicaciones públicas que permitan comprender las razones de esta decisión. Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen.»
Brizuela remarcó además que la planta forma parte de un complejo petroquímico integrado, donde cualquier modificación requiere una planificación rigurosa y controles específicos.
