La comu*nidad universitaria de Rosario expresó su satisfacción tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de restablecer programas destinados a los estudiantes en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución desestimó un recurso de queja presentado por el Gobierno nacional y confirmó la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la obligación de recomponer los salarios del sector universitario. El fallo fue recibido con beneplácito por autoridades académicas, gremios y organizaciones estudiantiles, que desde hace meses reclaman el cumplimiento de la normativa.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la decisión judicial como «extraordinaria» y sostuvo que representa un respaldo tanto para la universidad pública como para las instituciones del país. Además, afirmó que el fallo «pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes, firmes, responsables y serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina», al tiempo que agradeció el acompañamiento de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Desde la Federación Universitaria Argentina, su presidente, Joaquín Carvalho, consideró que la resolución constituye «un reconocimiento a la enorme movilización» de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades en defensa de la educación pública. No obstante, advirtió que el conflicto continúa abierto mientras persistan el deterioro salarial y el congelamiento de las becas Progresar.
Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR celebró el fallo y reclamó su inmediata ejecución. El gremio sostuvo que la cautelar ya se encuentra plenamente vigente y exigió la recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, además del pago retroactivo correspondiente. También remarcaron que la continuidad de la organización y la movilización será clave para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
