La discusión por una nueva Ley de Biocombustibles comienza a ganar protagonismo en el Congreso Nacional y encuentra a Santa Fe como una de las provincias con mayor interés en el resultado del debate. Con gran parte de la capacidad industrial instalada para la producción de biodiesel concentrada en el Gran Rosario y el Cordón Industrial, el futuro marco regulatorio podría definir el crecimiento de una actividad estratégica para la economía regional.
El diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías, sostuvo que la normativa vigente impone fuertes restricciones que limitan el desarrollo del sector y dejan fuera del mercado una capacidad productiva que hoy permanece subutilizada.
«Actualmente la ley imposibilita que muchas empresas que tienen gran capacidad para producir biocombustibles, fundamentalmente biodiesel, puedan introducir ese combustible al mercado. Hay una verdadera restricción», afirmó.
La discusión adquiere especial relevancia en un contexto internacional marcado por la volatilidad del precio del petróleo y por una creciente demanda de energías renovables. Según Farías, el escenario actual representa una oportunidad para incrementar la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.
El biodiesel, elaborado principalmente a partir de aceite de soja, y el bioetanol, producido a partir de maíz o caña de azúcar, constituyen dos de los principales combustibles alternativos que podrían ganar participación si se modifican los porcentajes obligatorios de mezcla con gasoil y naftas.
«Hoy los límites establecidos impiden que esta producción crezca y se desarrolle. El mercado internacional demuestra que el petróleo es más costoso que estos combustibles alternativos, por lo que una mayor incorporación podría ayudar a estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones», explicó el legislador.
Para Santa Fe, la discusión trasciende el aspecto energético. La provincia concentra buena parte de la industria aceitera del país y cuenta con numerosas plantas de producción de biodiesel distribuidas entre el Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Ricardone y otras localidades vinculadas al complejo agroexportador.
En ese sentido, el debate también tiene un fuerte impacto en términos de empleo, inversiones y agregado de valor a la producción agroindustrial. Una ampliación de los porcentajes de corte obligatorios podría generar mayor demanda de biocombustibles, impulsando la actividad de empresas que hoy trabajan por debajo de su capacidad instalada.
Farías advirtió además sobre la necesidad de que una nueva legislación contemple tanto a las grandes industrias integradas como a las pequeñas y medianas empresas que forman parte del entramado productivo santafesino.
«Lo que plantea Santa Fe es que la nueva ley no deje afuera a las pequeñas y medianas empresas de biocombustibles. Son pymes muy eficientes, con un alto nivel tecnológico y que realizaron importantes inversiones durante los últimos años. Hoy tienen una gran posibilidad de desarrollarse», sostuvo.
La posición coincide con la defendida por el gobierno provincial, que viene reclamando una normativa que amplíe el uso de biocombustibles, fomente la producción local y garantice condiciones de competencia para todos los actores del sector.
Con el complejo agroindustrial del Gran Rosario como principal polo exportador de derivados de soja del mundo y con proyectos de reconversión energética que avanzan en la región, la definición de una nueva Ley de Biocombustibles aparece como una de las discusiones económicas más relevantes para Santa Fe. El resultado del debate podría impactar directamente en la actividad industrial, la generación de empleo, las inversiones y la posibilidad de consolidar un modelo energético con mayor participación de combustibles producidos en el país.
