El pasado 20 de abril, el gobierno de Santa Fe anunció que a quienes realicen acciones intimidatorias en las escuelas les impondrá el pago del costo de los operativos policiales generados. Esto obró como respuesta a la saga de amenazas registradas luego del trágico hecho registrado en San Cristóbal, cuando en la escuela Mariano Moreno un estudiante mató a Ian Cabrera, alumno de sólo 13 años de edad.
Claramente, y toda vez que los autores de esas «bromas» sean menores de edad, quienes deberán pagar tal multa serán los padres o sus adultos responsables. Atento a esto, el periodista sanlorencino Ricardo Fernández, creador y responsable de Contenidos de «Concientes y en Colectivo» (jueves, de 16 a 18 h, por Universal FM 95.39 decidió, sin que mediara intervención alguna de parte de ninguna familia involucrada, elevar una solicitud al Concejo Municipal de San Lorenzo para que éste gestione «la posibilidad de conmutar los montos por horas de trabajo comunitario, en beneficio de la sociedad». La petición – oficializada vía nota escrita ingresada por mesa del entrada del Concejo – se basa en que el monto fijado por la administración provincial (según el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el mismo es de entre $ 5 y 6 millones) «supera con creces la capacidad de pago de los grupos familiares».
Fernández pregunta: «¿Quién tiene todo ese dinero junto?». Y explica: «Sé que el tema no es municipal, pero le pedí al órgano legislativo que interceda. El trabajo comunitario que sustituya a la multa económica podría realizarse en escuelas: limpiar bancos, pintar paredes; lo que necesite el establecimiento. Involucraría a la familia – incluyendo al pibe o la piba que hizo la amenaza – y las horas de trabajo podrían formar parte del aporte al Fondo de Asistencia Educativa (FAE)».
El periodista entiende que de ese modo «el comportamiento de imitación de los chicos, que es malo, podría transformarse en algo bueno para la sociedad. En cambio, Provincia está contenta porque cree que las amenazas disminuyeron por las multas, y no es así: muchos de los casos son la conclusión de ‘retos’ que se difunden en redes y el reto muta; cambia de contexto y de lugar, y sigue».
Una de las personas que adjudicaron la baja en la cantidad de amenazas a la imposición de las multas fue la vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes. Pero fue más allá al anunciar que quienes se nieguen a pagar las multas afrontarán una causa judicial. «Una locura», consideró Ricardo Fernández. «Si un padre que no tiene trabajo o no gana lo suficiente no paga y a él se le abre una causa, ésta queda asentada y eso podría imposibilitarle conseguir trabajo«.
La mirada de Ricardo se extiende más allá, incluso: «Veamos por qué los pibes hacen esto; por qué el pibe de San Cristóbal – a quien no le quito responsabilidad – llegó a asesinar. Y veamos cómo trabajamos en eso. Esa parte no se está leyendo y – lo más grave – el Ministerio de Educación tampoco está trabajando para que el bullying, el grooming, la ludopatía, empiecen a disminuir».
La familia de Santa Fe que se niega a pagar y buscó ayuda legal
El abogado Rodolfo Mingarini presentó la primera impugnación formal a esta medida adoptada por la gobernación. Lo hizo en representación de una familia de la ciudad de Santa Fe cuyo hijo – de entre 12 y 13 años – reconoció haber difundido un mensaje con contenido intimidante el 16 de abril pasado. En declaraciones realizadas el jueves 07 de mayo en LT8 AM 830, de Rosario, el letrado afirmó que el procedimiento no se ajusta a derecho: «La sanción debe estar dispuesta por una norma sancionada por el órgano legislativo; no puede imponerse en forma discrecional». Hoy no existe una ley específica que habilite al Poder Ejecutivo a fijar y cobrar estas multas en forma directa.
“El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, insistió Mingarini, reclamando también porque Provincia no emite «desglose ni explicación de los costos. Es una cifra arbitraria«.
