Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazaron con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional, al advertir que introduce modificaciones de extrema gravedad institucional y debilita los controles democráticos.
Desde el interbloque Unidos señalaron que el DNU no responde a ninguna situación de necesidad ni urgencia y que avanza sobre un área especialmente sensible sin debate parlamentario, en un contexto en el que continúan incompletas las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto los decretos presidenciales como el funcionamiento de los organismos de inteligencia. En ese sentido, exigieron la inmediata conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo y de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
Entre los puntos más cuestionados, el decreto declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, ampliando de manera inédita la opacidad del sistema y vaciando de contenido los mecanismos de control establecidos por la ley vigente. Además, extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una modificación que —según advirtieron— habilita prácticas de vigilancia sobre organismos, áreas y trabajadores que no cumplen funciones sensibles para la seguridad nacional.
Otro aspecto alarmante es que el DNU autoriza al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una atribución propia de las fuerzas de seguridad que rompe con el consenso democrático construido desde 1983 y reintroduce el riesgo de convertir a los servicios de inteligencia en una policía secreta, sin controles ni límites claros.
Los bloques opositores denunciaron que estas modificaciones se impusieron sin debate público, sin la participación de especialistas, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil ni a las provincias, y reclamaron que el Congreso rechace el decreto en los términos de la Ley 26.122.
“La seguridad nacional no puede construirse a costa de debilitar la Constitución, el rol del Congreso y las garantías individuales”, afirmaron. Y concluyeron: “No vamos a convalidar un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado. Cualquier reforma debe discutirse en el Parlamento y de cara a la sociedad”.
