Este martes 5 de agosto, a las 11 AM y en el Paseo del Pino, habrá una concentración convocada por la organización nacional ACCIONAR Mesa por las Discapacidades para hacer visible el repudio a la decisión de Milei de vetar esa ley, que el Senado nacional votó unánimemente el 10 de junio pasado, con alcance hasta el 31 de diciembre de 2027.
Si bien la Constitución Argentina confiere al Presidente de la Nación el derecho al veto (que en la ocasión incluye a la reforma previsional y al aumento a los jubilados), también existe una legislación nacional sobre Discapacidad, que garantiza todo lo que el derecho universal concede a cada persona que la padezca. Entonces, la situación actual de prestadores de salud en discapacidad (profesionales. Instituciones, empresas de transporte, etc.), percibiendo aranceles indignos y sin obtener aumentos en los mismos desde hace más de siete meses, lleva a que no pocas voces se alcen en la consideración de que el Estado está incumpliendo esa normativa.
Una de esa voces es la de la psicopedagoga Camila Di Paolo, referente además de Accionar: «Claro que este proceder del Estado es inconstitucional. No se trata del equilibrio fiscal, porque la erogación que supone la emergencia es de no más del 0,05% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 y 0,1% en 2026″, expresó. «Es una decisión política con la que se abandona a miles de personas con discapacidad, a sus familias, y a las instituciones que las acompañan todos los días».
Mientras tanto, Accionar publicó un comunicado en el que además de invitar a la movilización mencionada (que se replicará en lugares públicos de todo el país), rechazó: «No se puede hablar de libertad cuando se abandona a quienes más necesitan del Estado. Se ajusta sobre la vida de los más vulnerables. No es un capricho: se trata de derechos; el país atraviesa una emergencia real en discapacidad. Y frente a eso, el Gobierno eligió mirar para otro lado. Eligió el ajuste, la indiferencia y el abandono (…) La discapacidad no espera. Y el derecho a una vida digna no se veta«
Lo que establece el proyecto de emergencia en discapacidad
Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles
Reforma del sistema de pensiones no contributivas, garantizando el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad.
Fortalecimiento institucional, para fundamentalmente resolver problemas en la gestión de prestaciones.
Transparencia y rendición de cuentas, para que el Poder Ejecutivo informe públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
Compensaciones económicas de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día, asignándoles recursos específicos y compensaciones.
Cumplimiento del cupo laboral.
Las leyes nacionales vigentes
Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad. Sancionada y promulgada en 1981 (y modificada y readaptada posteriormente), otorga a las personas con discapacidades atención médica, educación y seguridad social.
Beneficios: rehabilitación integral; formación laboral o profesional; préstamos o subsidios; regímenes diferenciales en seguridad social; escolarización y orientación o promoción individual, familiar y social.
Le asigna al actual Ministerio de Salud, entre otras tareas, la de reunir información, desarrollar planes, apoyar y coordinar actividades de las y crear hogares de internación total o parcial. También establece en 4 por ciento la ocupación laboral de las personas con discapacidad en organismos del Estado nacional.
Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Sancionada y promulgada en 1997, aplica y obliga a las obras sociales a prestar atención médica y otorgar los servicios de diagnóstico y control. Comprende las prestaciones de carácter preventivo, de rehabilitación, las terapéuticas educativas y las asistenciales. También, internación en caso de que la persona no pueda permanecer en su hogar, cobertura económica y atención psiquiátrica.
En caso de que la persona requiera medicamentos o productos para su dieta específicos que no se produzcan en Argentina, le deberán reconocer la totalidad del precio de los mismos.
Cero en actualización arancelaria
«Los aranceles, bajos de por sí, no se actualizan desde diciembre de 2024, y en ese mes, la actualización fue una vergüenza: menos del 1 por ciento», manifestó la psicopedagoga Joana Monzón. «Esto lleva a que muchas instituciones deban cerrar sus puertas porque no pueden sostenerse o a dejar de trabajar con discapacidad. Lo mismo sucede con las empresas de transporte. Así, se vulneran los derechos de las personas; muchas van a quedar fuera del sistema porque serán muy pocos los que tengan recursos para pagar los aranceles en forma particular», describió con cruda claridad.
Un ejemplo: el precio del kilómetro reconocido por el Gobierno nacional es de $ 546, por lo que un viaje de 2 km de recorrido vale, para el Estado, $ 1092. En San Lorenzo, un servicio de taxi de esa extensión cuesta casi $ 3000. Así, es prácticamente imposible conseguir un prestador de transporte.
Senador Marcelo Lewandowski: «Es una crueldad»
«El veto es una barbaridad. Uno puede analizar las leyes de distinta manera, estar políticamente a favor o en contra de determinadas circunstancias, pero lo que se está haciendo con los jubilados y con la discapacidad es una crueldad. Ojalá los diputados se apiaden y rechacen el veto del Presidente con las dos terceras partes de la Cámara, y esperemos que llegue al Senado, donde – no tengo ninguna duda – acontecerá lo mismo, salvo que algunos quieran cambiar de opinión y votar en contra de lo que votaron cuando sancionamos la ley. Esperamos eso para que de alguna manera haya un alivio para estos sectores; la discapacidad con la que puedan haber estado o haber nacido no cambia con el transcurso de los años. Por otro lado, está todo lo que ha estado ocurriendo con aquellas instituciones que los contienen y los ayudan a mejorar, a crecer, a sociabilizar, a tener un desarrollo de una vida digna. Ojalá podamos rechazar un nuevo gesto cruel de un Presidente que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas».
Abogada Verónica Velasco, especializada en discapacidad: «Es un tema meramente político»
«La convención sobre discapacidad habla de apoyos y la ley 24901 habla de cobertura de prestaciones, que tienen que estar pagadas. Este es un tema meramente político. Todos los años se deben juntar distintos ámbitos de la sociedad para hacer los ajustes del nomenclador, pero desde el año pasado el Poder Ejecutivo no los convoca (N. de R,: El Consejo Nacional de Discapacidad no se reúne desde hace 10 meses) y así, ese sector se desfinancia»
(Foto: latinta.com.ar)
